El evento, realizado en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, contó con la participación de más de 200 mujeres de organizaciones de la sociedad civil.

Este sábado 8 de junio se realizó en el Museo de la Educación Gabriela Mistral la ceremonia de promulgación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. La nueva legislación fue aprobada tras siete años de tramitación en el Congreso con apoyo transversal el 8 de marzo pasado, tras ser reactivada y priorizada por el Gobierno del Presidente Boric a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 

En la  actividad, que fue encabezada por la ministra Antonia Orellana y subsecretaria Luz Vidal, de la cartera de Mujer y la Equidad de Género, participaron  la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; el ministro de Educación, Nicolás Cataldo y la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; además de cientos de mujeres de diversas organizaciones sociales.

La ministra Orellana destacó que “esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como Gobierno, incluso antes de asumir, el 8 de marzo de 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo a artículo, pues se pidió discusión separada para cada cosa que dijera ‘género’. Sin embargo -y requerimiento constitucional mediante- hoy estamos promulgando esta Ley”.

Por su parte, la vocera de Gobierno valoró la importancia que este hito legislativo reviste en la lucha contra la violencia de género. “Es algo que da cuenta de que, a pesar del concierto internacional donde las mujeres vemos retrocesos, en nuestro país avanza el estado de mayor protección hacia las mujeres, lo que da cuenta del esfuerzo que han liderado muchas organizaciones de la sociedad civil, así como las instituciones, sus ministras, subsecretarías, etcétera, que pueden terminar siendo un ejemplo de esperanza para el resto del mundo, y particularmente de las mujeres, donde lamentablemente, insisto, algunas ven retroceso”, señaló la titular de la Segegob. 

La ministra Orellana, además, adelantó que los próximos pasos serán la implementación efectiva de la Ley junto a los Tribunales de Justicia, con la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, designada como coordinadora, en colaboración con el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros.

Aspectos Clave de la Ley Integral

Esta Ley entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial, excepto los artículos que requieren la elaboración de reglamentos, los cuales deberán dictarse en los próximos 12 meses.

Algunos de los importantes avances que incorpora este nuevo marco regulatorio incluyen:

• Define distintos tipos de violencia de género y sus expresiones (física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, etc.);
• Subraya el rol preventivo de los órganos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres, mediante la promoción de elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para la prevención de la violencia de género;
• Fortalece las medidas cautelares y establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento, que extiende a delitos y agresiones fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia, garantizando la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género;
• Incorpora a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras, permitiendo decretar mejores medidas de alejamiento y romper el ciclo de transmisión de la violencia;
• Fortalece el rol del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en casos de femicidios o suicidios femicidas y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, evitando la revictimización; y
• Ordena a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, investigando y juzgando hechos de violencia de género y adoptando medidas oportunas y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia y evitar el archivo de casos.