La ministra y subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género se refirieron a los alcances y contribuciones que esta nueva legislación generará en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes en Chile.

Este jueves, en una nueva emisión de “Gobierno Informa”, cuyo panel estuvo conformado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto con la subsecretaria de la misma cartera, Luz Vidal, se abordaron los detalles en torno a los efectos concretos del fortalecimiento del marco jurídico que consagra la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, y al fallo del Tribunal Constitucional que desechó la impugnación de constitucionalidad de su artículo 12, relativo a la promoción de la educación no sexista, presentada por parlamentarios de oposición.

La ministra Orellana explicó que el objetivo de esta legislación es mejorar la respuesta del Estado frente a la violencia de género que viven mujeres, niñas y adolescentes en el país. La secretaria de Estado enfatizó que entre los elementos más importantes de la ley está “el fortalecimiento de las medidas cautelares y la comunicación entre los tribunales de familia y de garantía para la protección de las víctimas”.

Adicionalmente, entre los elementos que incorpora al marco jurídico nacional, la ministra Orellana destacó: “En los casos de femicidio frustrado, femicidio consumado y suicidio femicida, vamos a poder accionar institucionalmente, lo que nos va a permitir llegar antes y mejor a las audiencias. Además, crea un sistema de gestión integrado de casos que va a permitir que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, los municipios y todos los servicios del sistema, pregunten menos y hagan más por acompañar y acoger a las víctimas. Y por último, incorpora a los niños y niñas como víctimas, y no sólo como testigos de la violencia de género.”

Por su parte, la subsecretaria Vidal se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que esta semana declaró inadmisible la solicitud de parlamentarias y parlamentarios de oposición que esgrimía la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley Integral, referente a la promoción de la educación no sexista en los establecimientos educacionales, recalcando que “contrario a lo que muchos parlamentarios opositores presentaron, esta ley no genera para los padres una disminución en la libertad de enseñanza de sus hijos. Como Gobierno, lo que buscamos es que se saquen los estereotipos que encasillan a niñas y niños adolescentes para marcarles el destino de sus vidas”.

Finalmente, ambas autoridades valoraron por fin poder avanzar hacia su promulgación definitiva, tras los 7 años que duró su tramitación en el Congreso Nacional y ante el fallo del Tribunal Constitucional que descartó su inconstitucionalidad, una vez que éste último haya publicado la sentencia correspondiente, enfatizando en la importancia de terminar con los estereotipos sexistas y de fortificar las acciones del Estado para terminar con la violencia machista.