Esta mañana la vocera de Gobierno expuso en el Congreso los detalles de la propuesta que busca modificar la Ley 20.500 y el Código Penal para establecer  penas más altas cuando dirigentes y dirigentas sociales sean víctimas de los delitos de amenazas o de lesiones.

La mañana de este miércoles comenzó en el Congreso la tramitación del proyecto de ley para regular la protección de dirigencias sociales, que patrocinó el Ministerio Secretaría General de Gobierna. La propuesta inició su camino legislativo en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia hasta donde llegó la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, y la subsecretaria Nicole Cardoch para presentar la iniciativa y plantear ante los parlamentarios la necesidad de avanzar  en esta materia. 

“Desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno queremos proteger a los dirigentes y dirigentas sociales frente a amenazas y agresiones que lamentablemente están sufriendo, principalmente de bandas organizadas, delincuentes y microtraficantes. Nosotros necesitamos que los dirigentes y dirigentas sientan un respaldo del Estado frente a esto. Esas amenazas, esas agresiones, obviamente están establecidas en el Código Penal, pero cuando se hacen contra personas que cumplen una labor fundamental en la recuperación de los espacios públicos, en el servicio de la comunidad, creemos que tiene que tener un agravante. No puede ser que sea tratado por igual respecto a otros casos”, señaló la vocera de Gobierno. 

La ministra Vallejo agregó que, la recuperación del espacio público “no va a suceder sólo con el trabajo de los municipios, de la Subdere, del Gobierno y de las policías, sino que también empoderando a la ciudadanía. Y si esa ciudadanía y esos dirigentes y dirigentas se sienten con miedo, con temor o desprotección por parte del Estado, la verdad es que no vamos a lograr cumplir con este anhelo de recuperar los espacios públicos para la comunidad, así que esperamos que avance pronto y agradecemos el respaldo transversal de varios parlamentarios”. 

¿Qué dice la propuesta?

El 11 de octubre la ministra de la Secretaría General de Gobierno junto al director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra, anunciaron el ingreso del proyecto de ley para regular la protección de dirigencias sociales. 

El proyecto de ley  propone una definición de dirigente social, que se incorpora en la Ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, incluyendo también a las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales conforme a la Ley N° 19.418.

Además, tiene como objetivo sancionar con penas más altas la comisión del delito de lesiones y amenazas cuando la víctima sea un dirigente o dirigenta social. Esto se hace a través de nuevas normas penales para sancionar de manera más severa las agresiones en contra de los miembros de las directivas de organizaciones sociales en ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas.