El proceso busca cumplir con el compromiso del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric de actualizar el marco que rige la participación ciudadana en la gestión pública. El itinerario presentado contempla diálogos con instituciones públicas y organizaciones sociales, además de una consulta digital abierta a toda la ciudadanía.

En el Palacio de La Moneda, el Ministerio Secretaría General de Gobierno presentó el itinerario del proceso “Hablemos de Participación. Diálogos para la reforma de la Ley 20.500”, cuyo objetivo es modernizar este texto legal, el cual regula la participación ciudadana en la gestión pública. En la ocasión, también se constituyó la mesa de coordinación interinstitucional, con representantes de organismos públicos, gobiernos regionales, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa tendrá por misión hacer seguimiento al proceso participativo.

La instancia fue encabezada por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien estuvo acompañada por la subsecretaria Nicole Cardoch y el director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra. En el espacio también participaron el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo; el expresidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Gonzalo Delamaza; el vicepresidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, Sergio Márquez, así como representantes de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y organismos públicos.

La Ley 20.500, cuyo proyecto fue presentado al Congreso en 2004 y fue promulgada en 2011, fue un paso importante para definir y fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, los diagnósticos desarrollados en la academia, en la sociedad civil organizada y no organizada, y en el Estado, coinciden en que dicha legislación no precisa qué se entiende por participación en la administración pública y sus alcances. Además, no entrega las herramientas que hagan efectiva su implementación.

“Este jueves hemos dado inicio al proceso de participación ciudadana para actualizar y modernizar la Ley 20.500. Esta es una instancia muy importante para cumplir con el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el eje de fortalecimiento de la democracia porque nos abre paso a un cronograma de eventos de diálogo y de participación, tanto a nivel regional como comunal y local, para ver cómo mejorar esta ley, hacerla más participativa e incidente, así como un abanico de posibilidades para nuestro país”, sostuvo la ministra Vallejo. 

El proceso participativo estará compuesto por cuatro etapas de diálogo; la primera la administración central del Estado, nivel regional y nivel municipal. La segunda, de diálogos con organizaciones sociales además de un encuentro de expertos y expertas en la materia. La tercera etapa consiste en una consulta ciudadana digital abierta a todas las personas a nivel nacional, mientras que en el último tramo se realizará la sistematización de la información y posterior devolución de resultados.

La subsecretaria Nicole Cardoch destacó que “siempre es bueno recordar que las políticas públicas no parten de cero. En este caso, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se generó un diagnóstico a cargo de un consejo asesor. Hoy también tuvimos a Gonzalo Delamaza, presidente de ese consejo asesor, para darnos ese insumo y para ver cómo podemos modificar esta ley que permita que la sociedad civil se siga involucrando con muchísimo más poder en las decisiones de las instituciones públicas”.

En la misma dirección, el director de la DOS, Ignacio Achurra, explicó que a propósito de la experiencia de trabajo de la División con las organizaciones “es clave iniciar este proceso de reforma desde el Gobierno central, pero también llevándolo a nivel territorial, en los municipios, en los gobiernos regionales y hemos diseñado una metodología que está pensada para que nadie que quiera hacerse parte de este proceso se quede fuera”.

Por su parte, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, afirmó que “creo que la Ley 20.500 cumplió un ciclo, un ciclo importante, fue una buena señal para nuestro país, pero indudablemente que ha quedado estrecha frente a las nuevas demandas que tiene la ciudadanía y también cómo generamos territorio, gobiernos locales, regionales, que sepan responder a lo que hoy está pasando en el contexto ciudadano. Nosotros desde la Asociación de Gobernadores vamos a impulsar este proceso”.

El proceso participativo para la modernización de la Ley 20.500 se desarrollará entre octubre y diciembre, con el objetivo de presentar en enero del próximo año una propuesta para un futuro proyecto de ley que reforme este cuerpo normativo.