Iniciativa, que se enmarca dentro de las recomendaciones hechas por la OCDE a nuestro país, se plantea como un instrumento preventivo y disuasivo de estas conductas contra el medio ambiente.

“Es absolutamente fundamental que Chile tenga los mecanismos, las herramientas, los instrumentos para que el desarrollo y el medio ambiente vayan de la mano”.

Con estas palabras, el Presidente Sebastián Piñera presentó este lunes el Proyecto sobre Delitos Ambientales, que se enmarca dentro de las recomendaciones hechas por la OCDE en su Evaluación del Desempeño Ambiente de Chile de 2016, en el que sugirieron que el país “debería materializar su intención de imponer una responsabilidad penal a varias categorías de delitos ambientales grave”.

“Se requiere en nuestro país una legislación que nos obligue a prevenir, hacer diagnóstico de los riesgos ambientales, hacer planes para prevenir los riesgos ambientales. Y, evidentemente, para aquellos que no los cumplan también requerimos en nuestra legislación un mecanismo sancionatorio para que las conductas sean respetuosas con el medio ambiente”, señaló el Jefe de Estado.

Somos la 1era generación q sufre los embates del cambio climático y la última q puede evitar una tragedia. Por eso firmamos Proyecto de Ley q crea mecanismos de prevención y castiga penalmente delitos ambientales. A esto se suma la electromovilidad y descarbonizacion energética. pic.twitter.com/DDwpkms79T

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 21 de enero de 2019

Ejes del proyecto

La iniciativa se plantea como un instrumento preventivo y disuasivo de conductas graves contra el medio ambiente. Para ello, tiene tres objetivos principales. El primero es sancionar penalmente a quienes ocasionen un daño ambiental, entendido como pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido a componentes relevantes del medio ambiente.

También busca que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) asuma un rol protagónico en la persecución de los delitos contemplados en la ley. Tendrá atribuciones para entablar las acciones de daño ambiental.

Y, por último, se incorporan los delitos ambientales en la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si las empresas incumplen los deberes de dirección y supervisión, se exponen a la prohibición temporal de celebrar actos y contratos con el Estado; pérdida de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de estos; y multas de 400 a 40.000 UTM.

“Nuestra generación no tiene opciones, tiene la obligación de tomar el toro por las astas y que cambie el curso de la historia y no sigamos avanzando como lo hemos estado haciendo en las últimas décadas directo a un precipicio. Y en eso Chile tiene un compromiso y tiene un liderazgo que lo está aplicando en plenitud”, agregó el Presidente Piñera.

Proyecto de #LeyDelitosAmbientales busca:
✅Sancionar principales hipótesis de grave daño ambiental
?Potenciar el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente
?Incorporar delitos ambientales en la ley 20.393 que establece responsabilidad penal de personas jurídicas
Avanzando! pic.twitter.com/EXZxafUZqG

— Min. Medio Ambiente (@MMAChile) 21 de enero de 2019

Sanciones

El proyecto establece que quien dolosamente genere grave daño al medio ambiente será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio 61 días a 3 años y multa de 501 a 700 UTM, es decir, entre $24,2 millones y $33,8 millones.

Si se acredita el daño en áreas de alto valor ecológico (como reserva nacional, parque nacional o parque marino, entre otras), será multado con presidio menor en su grado medio a máximo 541 días a 5 años y multa de 801 a 1.000 UTM, equivalente a $38,7 millones y $48,3 millones, respectivamente.

Será castigado con presidio menor en su grado mínimo 61 a 540 días y multa de 100 a 500 UTM ($4,8 millones a $24,1 millones) el que, a sabiendas, presente información falsa a la SMA para acreditar el cumplimiento de obligaciones establecidas en normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención o descontaminación.

Por último, quien impida, sin motivo justificado, la fiscalización del personal de la SMA, deberá pagar entre 100 y 500 UTM ($4,8 millones y $24,1 millones).