La iniciativa busca aumentar los estándares de probidad y transparencia, actualizando la regulación de contratación de parientes y certificando la idoneidad profesional de las personas.

Con el objetivo de prevenir y regular los conflictos de interés en el ejercicio de la función pública en los órganos de la Administración del Estado, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó este jueves el Proyecto de Ley de Integridad Pública.

La iniciativa, que se enmarca dentro de la Agenda de Probidad, busca darle impulso a una de las prioridades del Gobierno: la modernización del Estado y el aumento de los estándares de transparencia.

A la actividad asistió la Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez y los Ministros de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel; y de Justicia, Hernán Larraín.

Con la #LeyIntegridadPública el Pdte @sebastianpinera refuerza su compromiso con el aumento de los estándares de probidad y transparencia en el Estado, regulando la contratación de parientes y certificando la idoneidad profesional de las personas https://t.co/7uAZy0kBoM pic.twitter.com/n1XuXT6nRL

— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) 5 de julio de 2018

“Queremos decirle sí al mérito, al compromiso y a la responsabilidad en la función pública. Y queremos decirle no a la corrupción, al abuso y a la incompetencia en el servicio público. Queremos decirle sí a los funcionarios públicos honestos, comprometidos y competentes. Queremos decirle no a los funcionarios públicos que vienen a aprovecharse del sector público, a actuar como operadores político o simplemente a buscar beneficios personales”, aseguró el Mandatario.

Entre los principales aspectos de esta iniciativa destaca la regulación de la contratación de parientes, certificando la idoneidad profesional de las personas cuyo nombramiento se pretende llevar a cabo.

“Queremos desterrar la cultura del amiguismo, del pituto, del operador político y restablecer en plenitud la cultura del funcionario público de verdad, honesto, comprometido, competente y dedicado al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo”, aseguró el Jefe de Estado.

Mayor regulación

También se regularán las normas de salida de las altas autoridades públicas. Para esto se establecerán mayores condiciones determinando, entre otros aspectos, periodos de enfriamiento y prohibiciones post empleo en el sector público.

Hoy el Presidente firmó la Ley de Integridad Pública, primer proyecto de la agenda de probidad y transparencia de nuestro gobierno.

El objetivo es garantizar que el mérito y la probidad sean la regla, y no los operadores y el pituto. pic.twitter.com/TCuXjCrZod

— Gonzalo Blumel (@gblumel) 5 de julio de 2018

Además, en el proyecto se establece que los ex ministros de Estado, ex subsecretarios y ex jefes superiores de servicio no puedan prestar ningún tipo de servicio ni adquirir participación en la propiedad de entidades que hayan sido sujetos fiscalizados por las instituciones fiscalizadoras relacionadas con el ministerio en que desempeñaron funciones.

Asimismo, se propone que los ex ministros de Estado, ex subsecretarios y ex jefes superiores de servicio tengan prohibición de realizar lobby o gestión de intereses, por 12 meses desde su cese de funciones, ante la misma institución en la que se desempeñaron

Por último, el proyecto también busca fortalecer las normas de probidad de los parlamentarios. Los senadores, diputados, secretarios de ambas cámaras y otros funcionarios de alto rango tendrán la prohibición de contratar al cónyuge, conviviente civil y parientes por consanguinidad hasta el 3° grado o por afinidad hasta el 2° dentro de las corporaciones y servicios del Congreso Nacional. Esta misma prohibición se extiende al Contralor, el Subcontralor y otros funcionarios de alto rango dentro de la Contraloría General de la República.

Tras valorar la iniciativa, la Ministra Cecilia Pérez afirmó que “estamos contentos de dar el vamos a este proyecto de ley, el primero de la Agenda de Probidad y Transparencia de nuestro Gobierno, cuyo objetivo es garantizar que el mérito y la probidad sean los principios rectores de la función pública, y desterrar el amiguismo, los operadores políticos y el pituto de los órganos del Estado”.