Como Gobierno hemos estado impulsando un conjunto de reformas que buscan un crecimiento más inclusivo y con mayores oportunidades. Por ello propusimos una iniciativa legal para modernizar las relaciones laborales, fortaleciendo los sindicatos y facilitando los acuerdos en el mundo del trabajo, la que fue aprobada por amplia mayoría tras un proceso de construcción de consensos en el Congreso.

Como se sabe, posteriormente el Tribunal Constitucional decidió que las normas aprobadas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios por afiliación son inconstitucionales. Como corresponde a un Estado de Derecho, el gobierno ha acatado este fallo aunque también ha adoptado decisiones tendientes a cautelar las condiciones de mayor equilibrio en las relaciones laborales que promueve el proyecto de ley.

Esto motivó al Ejecutivo a enviar al Congreso, antes de conocer los alcances del fallo, un veto respecto de las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas; así como la introducción de un nuevo quórum para negociar.

Ratificamos que en opinión del gobierno, para la negociación de este tipo de pactos, la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, que son las organizaciones permanentes dentro de la empresa.

Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado no existe una interpretación unívoca de los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato se pueda relativizar implicando una precarización de las relaciones laborales.

Por esto la Presidenta encargó al Comité Político y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social explorar alternativas de cambio constitucional, que nos permitiera hacernos cargo de la centralidad que deben tener los sindicatos en las relaciones laborales.

Para avanzar en esa línea era necesario construir un acuerdo transversal, ya que una reforma constitucional sobre estas materias requiere dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, quórum que nuestra coalición no tiene. Valoramos y

reconocemos especialmente la buena disposición y disciplina que tuvo la Nueva Mayoría durante este proceso.

El gobierno lamenta la ausencia de voluntad por parte de los representantes de los partidos de la oposición para construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

Considerando lo anterior, la Presidenta de la República ha instruido a los ministros tramitar a la brevedad el referido veto, procediendo a la promulgación de la Reforma Laboral una vez que éste sea despachado.

En ausencia de un acuerdo transversal, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de Relaciones Laborales, focalizando sus esfuerzos en su adecuada y oportuna implementación.

A pesar de que la Reforma no será todo lo que el Ejecutivo impulsó y el Congreso por mayoría aprobó, ésta sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la democracia. Chile debe valorar especialmente que con esta ley los trabajadores podrán contar, entre otros derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos y con extensión pactada de beneficios.

Complementariamente, en materia laboral, el gobierno seguirá con sus esfuerzos para impulsar las iniciativas destinadas a ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el empleo y mejorar la capacitación de los trabajadores con miras a mejorar la productividad de la economía.