El Vocero del Ejecutivo señaló que se constituirá un “equipo técnico-jurídico con las distintas bancadas” de la Nueva Mayoría para evaluar la viabilidad de esta iniciativa en el contexto de la Reforma Laboral.   

El Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, informó este lunes que por instrucción de la Presidenta Michelle Bachelet se va a “explorar la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que nos permita hacernos cargo de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional” sobre la Reforma Laboral.

 El secretario de Estado señaló que durante la reunión del Comité Político con los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría se acordó “constituir un equipo técnico-jurídico con las distintas bancadas parlamentarias para explorar el contenido y la viabilidad de esa reforma constitucional”.

 Agregó que “mientras avanzamos en ese esfuerzo que requiere diálogo con la oposición -porque una reforma constitucional de esta envergadura requiere una cantidad de votos que la Nueva Mayoría por sí sola no dispone- se suspende toda la decisión relativa veto y a la tramitación de una eventual ley corta a la espera del examen de viabilidad de esta reforma constitucional”.

 El titular de la Segegob señaló que “esperamos, y esa la instrucción que nos dio la Presidenta esta mañana, poder hacer esta evaluación en el plazo más breve posible”.

 Demanda por el Silala

 Respecto de la demanda de Chile contra Bolivia por las aguas del río Silala, anunciada por la Presidenta de la República, el Secretario de Estado expresó que esta acción fue presentada “luego de examinarla detenidamente. Es un texto de más de 300 páginas que se ha ingresado hoy día ante la Corte Internacional de Justicia y que lo que hace es defender como corresponde los intereses de Chile”.

 Díaz añadió que “valoramos la declaración de los ex Presidentes de la República -el ex Presidente Lagos, el ex Presidente Frei y el ex Presidente Piñera- respaldando la decisión del Gobierno de Chile, de la Presidenta de la República, de demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para asegurar nuestro derecho en relación con el río Silala”.

 Cabe hacer notar que el Canciller, Heraldo Muñoz, señaló esta mañana que el Gobierno de Chile tomó esta decisión, considerando entre otras, las siguientes razones:

a) La existencia de una controversia originada en la afirmación de Bolivia que el Río Silala no es un curso de agua transfronterizo y que, en consecuencia ese país tendría derecho al uso del 100% de sus aguas.

b) El anuncio público del Presidente Evo Morales que Bolivia presentaría una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia por esta disputa, acusando al Estado de Chile de actuar ilícitamente y de estar “robando” las aguas del Río Silala.

c) La posterior creación en Bolivia de una Dirección Estratégica para desarrollar este nuevo litigio con Chile.

d) Los múltiples y serios esfuerzos que ha hecho Chile para resolver amistosamente la diferencia, todos los cuales se han visto frustrados por la insistencia de Bolivia en negar los derechos de Chile.

e) El deber de Chile de proteger sus recursos naturales, dando certeza jurídica a las titularidades que le reconoce el derecho internacional.

 Asimismo, el Canciller detalló que la presentación realizada esta mañana en La Haya por la Agente Ximena Fuentes, solicita a la Corte que decida:

 1. “Que el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional”.

2. “Que Chile tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala en conformidad al derecho internacional”.

3. “Que, bajo el estándar de uso equitativo y razonable, Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala”.

4. “Que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultante de sus actividades en las cercanías del río Silala”.

5. “Que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificarle oportunamente de medidas que haya planificado y que pueda tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de intercambiar antecedentes e información y de conducir cuando sea apropiado un estudio de impacto ambiental para permitir a Chile evaluar los posibles efectos de estas medidas”.